Baleares no podrá imponer un precio de compra para las viviendas a los grandes propietarios ni podrá sancionarlos administrativamente por rechazar una propuesta de alquiler social, según el nuevo decretopublicado esta semana.

El decreto, aprobado poco antes del inicio de la pandemia, obligaba a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar, establecer la cesión de suelo público para construir VPO con recursos privados y otorgar preferencia al Govern para intervenir en operaciones entre grandes propietarios mediante la opción de tanteo y retracto.

Así, el decreto, validado en abril de 2020 por el Parlament, otorga al Govern el derecho preferente de compra cuando un gran tenedor pretende vender sus viviendas a otro gran propietario. Sin embargo, a partir de ahora el Ejecutivo no podrá fijar el precio y las condiciones de compra. 

Fonte | ABC