El Ejecutivo no aprecia ilegalidad en las normas que se aplican actualmente en Cataluña en matería de limitación de alquileres, sino en las competencias que deben asumir el Estado y la Comunidad Autónoma en la gestión del derecho a la vivienda.

De hecho, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) explican que la normativa que se está negociando en el ámbito de Vivienda incluye, además de incentivos fiscales para los propietarios que abaraten el alquiler a los arrendatarios, una regulación del alquiler en las zonas tensionadas. Entre los 'controles' que están sobre la mesa se encuentra, por ejemplo, obligar a los arrendadores a aplicar a los nuevos contratos las mismas condiciones que tenían los anteriores inquilinos o congelar las rentas durante parte del contrato (es decir, que no se pueda actualizar el precio mensual), siempre y cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada y durante el tiempo que sea considerada como tal. 

Así, la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente y la Administración competente realizará un Plan de Acción específico que programará las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios en el mercado de alquiler.

La nueva ley estatal de vivienda, cuya aprobación se esperaba para enero, se espera para las próximas semanas.

Fonte | Idealista