Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia hacen un frente común para solicitar al Gobierno central que modifique la normativa del Bono alquiler joven, con el “fin de dar seguridad a la gente joven que quiera acceder a esta ayuda, así como a las comunidades autónomas”.

Así lo expusieron hoy los representantes autonómicos durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que por parte de la Xunta participó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, así como el director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García Porto.

Los responsables de vivienda de las cinco comunidades requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida para “evitar su lío burocrático” en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes, y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.

Consideraron “improvisada y enrevesada” la puesta en marcha del Bono por parte del Gobierno central, y lamentaron que no contara con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida. “Salió adelante con relaciones mínimas e imposiciones máximas”, dijeron.

Asimismo, reiteraron algunas de las cuestiones ya expuestas en la conferencia sectorial del pasado día 2 de febrero, al seguir considerando que se trata de un modelo que generará un efecto inflacionista claro en los alquileres y no resolverá el problema. Del mismo modo, solicitaron que se aclararan aspectos clave del Bono que aún no están definidos, tales como el procedimiento de gestión, los supuestos en los que se comparte piso, o la movilidad entre comunidades autónomas, entre otros.

Avanzaron también que, “tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo” y advirtieron que “los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones regionales, debido al galimatías administrativo que nos trasladan a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos”.

Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. “Entendemos que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas”, dijeron.

“El Ministerio no cesó en crear falsas expectativas: anunció esta medida a comienzos de octubre del 2021, la aprobó en enero en el Consejo de Ministros y los fondos, cinco meses después del primer anuncio, aun no fueron transferidos”, incidieron las comunidades, recordando que apenas llegará a poco más del 1% de sus posibles beneficiarios.

Plan de vivienda “ideológico”

Por otra parte, los representantes autonómicos reprocharon la falta de asunción por parte del Gobierno central de las sugerencias planteadas por las autonomías durante la elaboración del nuevo Plan estatal de vivienda 2022-2025, que calificaron de ideológico “y que únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no funcionó en ningún lugar donde se aplicó”.

“Es una hoja de ruta igual de intervencionista que la Ley de vivienda, en la que tampoco existió diálogo alguno”, señalaron. A este respecto, lamentaron profundamente que la ministra no convocara hace meses una o varias reuniones de la Conferencia Sectorial para abordar el texto de una ley “con tantas y tan graves consecuencias”. Y, en referencia al Plan estatal, que las Comunidades no tuvieran más participación en la definición y condiciones de los diferentes programas.

“A pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20% de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb. Y, para complicarlo aun más, impone la imposibilidad de conceder una ayuda de los programas regulados sin que antes se convocasen o resolviesen las ayudas de una de las líneas, con lo que se limita totalmente la capacidad de decisión y la libertad de elección a las comunidades”, concluyeron.

Por último, manifestaron que la regulación aprobada invade competencias autonómicas porque de facto “hace” política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas sin respetar las previsiones de la legislación autonómica. Es una imposición que choca con las legislaciones autonómicas en muchos casos, que ya contienen previsiones para atender las necesidades de colectivos vulnerables.

Fuente | Xunta de Galicia