La ocupación es un problema real, creciente y ahora manejado por grupos organizados. Así lo describe la Fiscalía General del Estado, la cual emitió ayer una instrucción precisa y concreta dirigida a todos los fiscales de España para que insten a los jueces a ordenar el desalojo cautelar de las viviendas ocupadas cuando se presente una denuncia por allanamiento o usurpación de inmueble, ya seam estos de uso habitual, secundarios u ocasionales. 

Como requisito previo para que los fiscales pidan a los jueces que se desaloje una vivienda ocupada, la Fiscalía General del Estado requiere que los propietarios presenten una denuncia y que aporten además cuanto antes una certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el código seguro de verificación.

En el momento en el que se traslade a la Justicia el atestado policial dando cuenta de una ocupación, la Fiscalía tendrá que solicitar el desalojo cautelar del inmueble, así como cuando tenga conocimiento de cualquier procedimiento judicial por allanamiento de morada o usurpación, o si esto se produce durante un juicio oral.

Se alude en la instrucción dictada ayer incluso a la ocupación de viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria, o propiedades de ancianos con pocos recursos.

Fonte | La Voz de Galicia