La Xunta estima que, en principio, el 18 % de los ayuntamientos gallegos podrían pedir la declaración de zona tensionada en base a la ley estatal de vivienda y a los índices de referencia del Gobierno central, tal y como explicó la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, durante su participación en el encuentro informativo Declaración de zonas de mercado tensionado y sus efectos.

La responsable autonómica reiteró ante representantes de los ayuntamientos, de colegios profesionales y de distintas entidades relacionadas con el sector de la vivienda que la Xunta no va a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado pero, en cumplimiento de la ley, tramitará las solicitudes que los ayuntamientos presenten de forma argumentada y justificada con los correspondientes documentos y estudios técnicos que exige la normativa.

En esta línea, Ángeles Vázquez advirtió de que esas declaraciones de zonas tensionadas, lejos de mejorar la situación del mercado de la vivienda, pueden complicarla ya que muchos propietarios preferirán vender sus viviendas, destinarlas al alquiler turístico, arrendarlas por habitaciones o incluso mantenerlas vacías.

A mayores, después de subrayar que la declaración de zona tensionada no afecta a los contratos de alquiler en vigor, Ángeles Vázquez recordó que la posibilidad de declarar zonas de mercado tensionado implica distintos deberes para los ayuntamientos derivadas de esa declaración.  En esa línea, insistió en la necesidad de que los Gobiernos locales tengan en cuenta y evalúen en profundidad esas cuestiones antes de presentar sus solicitudes y elaborar un plan específico que proponga las medidas a adoptar y su calendario de desarrollo.

Por lo tanto, tras la declaración de esas zonas tensionadas, las administraciones competentes en materia de vivienda deben planificar posibles soluciones a esas cuestiones. Además, tienen que destinar el suelo de su titularidad para la construcción de viviendas sociales o dotacionales y conseguir en el plazo de 20 años un parque mínimo de viviendas para políticas sociales equivalente al 20 % de los hogares del ayuntamiento.

En cuanto al nuevo índice estatal de referencia del precio del alquiler, publicado por el Gobierno central en febrero, Ángeles Vázquez recordó que este indicador se tendrá en cuenta para fijar el precio de la renta en viviendas pertenecientes a grandes propietarios, con cinco o mas viviendas, o aquellas que no estuvieran arrendadas en los últimos cinco años.   

Por eso, incidió, este índice tendrá efectos mínimos en Galicia puesto que no se aplicará a todos los alquileres. En este sentido, en la Comunidad el 95 % de los dueños de viviendas son personas físicas, no bancos, entidades financieras u otras organizaciones como los fondos buitre.

De hecho, la vicepresidenta segunda en funciones destacó que en Galicia menos del 4 % son grandes propietarios de viviendas y más del 35 % son pensionistas -la edad media de los titulares de viviendas es de 62 años-, que, en muchos casos, buena parte de sus ingresos dependen del alquiler de sus inmuebles.

Por tanto, Ángeles Vázquez denunció que las medidas aprobadas por el Gobierno central demuestran que desconoce la realidad del mercado de la vivienda pues "dificulta la salida al mercado de viviendas vacías, obliga a los ayuntamientos a planificar la construcción de viviendas y a destinar suelo a ellas -cosa que ahora no hacen- y obvia que muchos propietarios que ponen las viviendas en alquiler son pequeños propietarios que complementan sus ingresos o pensiones con esas rentas".

Esos son algunos de los motivos por los que la Xunta decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional a ley estatal de derecho a la vivienda pues trae incertidumbres y genera inseguridad jurídica en el mercado residencial. De hecho, los propios agentes inmobiliarios estiman que la oferta de viviendas en alquiler cayó un 45 % en los últimos cuatro años y va a seguir reduciéndose a consecuencia de la aplicación de la normativa del Gobierno central.

El Ejecutivo gallego defiende la necesidad de, frente a medidas impuestas, apostar por establecer estímulos e incentivos para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler con total seguridad. En esta línea, incide en la importancia de destinar suelo a fines residenciales, aprobar políticas activas de vivienda, agilizar las licencias y trámites y aportar soluciones duraderas y que tengan un impacto positivo en el mercado.

El evento celebrado en la sede del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) tuvo como objetivo explicar en detalle a los ayuntamientos, colegios oficiales de agentes de la propiedad y administradores de fincas así como a empresas y distintas organizaciones del sector inmobiliario las implicaciones que tienen para la comunidad cuestiones como la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas o el índice estatal de referencia del precio del alquiler recogidas en la ley estatal de derecho a la vivienda.

El director xeral del IGVS, Heriberto García, expuso a los más de un centenar de asistentes la normativa actual, los deberes que comportan las distintas figuras que introduce como novedades a ley estatal y distintos aspectos sobre el estado actual del mercado residencial gallego para conocer el impacto que puede tener su aplicación en la comunidad. Al mismo tiempo, resolvieron dudas y respondieron a las inquietudes expuestas por los asistentes al encuentro informativo.

En el encuentro informativo también intervinieron la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Teresa Suárez, y la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Patricia Vérez, que mostraron la disconformidad de estos colectivos con la ley de vivienda estatal y la declaración de zonas tensionadas.

Fonte.- Xunta de Galicia