Actualmente, numerosos municipios gobernados por la izquierda, amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, solicitaron a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o totalidad de las ciudades con el objetivo de poder controlar los grandes encarecimientos de los precios de los alquileres. Esta petición ha sido sistemáticamente recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte de los gobiernos en manos del Partido Popular, rechazando las peticiones por la directriz de la dirección del partido que preside Alberto Nuñez Feijóo de boicotear la norma aprobada en Corter por PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Desde la aprobación en el Congreso de la ley de Vivienda el pasado abril, el PP ya dejó claro que dificultaría la aplicación de dicha ley desde sus administraciones. Feijóo ha dicho que la derogará en el caso de llegar a la Moncloa, por considerar que la limitación de los alquileres en las zonas que sufren los mayores incrementos de los costes supone un 'intervencionismo' por parte del Estado en un sector que, a su punto de vista, debe estar 'liberizado', sin intervención pública.

Fuente.- El Diario.es