Barcelona revocará todas las licencias actuales de viviendas de uso turístico en 2028 | Observatorio de Vivenda

Barcelona revocará todas las licencias actuales de viviendas de uso turístico en 2028

Barcelona revocará todas las licencias actuales de viviendas de uso turístico en 2028

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, anunció recientemente que convertirá en viviendas residenciales los 10.101 inmuebles turísticos legales que hay actualmente en Barcelona. Todas las licencias se revocarán en noviembre de 2028 y a partir de 2029 no existirá ningún inmueble con este uso. El alcalde señaló que "desaparecerá la figura del piso turístico tal y como la conocemos", al tiempo que avanzó que también modificará la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen la vivienda protegida.

Collboni señaló que ambas medidas son "de carácter estructural" y tienen el objetivo de "afrontar el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda", poniendo además el foco sobre la gente joven. En este sentido, el alcalde de la ciudad incidió en que estos planes "nunca tienen resultados de forma inmediata", pero sí considera la decisión como "un punto de inflexión" que generará un debate político y social. Esta propuesta deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.

Para poder eliminar los 10.000 pisos turísticos legales que tiene actualmente Barcelona, el consistorio de Collboni aplicará el decreto de la Generalitat aprobado en diciembre de 2023, que emplaza a los Ayuntamientos catalanes a redactar en el plazo de cinco años un plan urbanístico que fije cuantas viviendas de uso turístico aceptará. El texto establece que en los municipios que presenten problemas de acceso a la vivienda permanente o que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes, la actividad turística solo es compatible con el uso residencial si lo permite expresamente el plan urbanístico, siempre que se justifique que hay suficiente suelo para uso domiciliario habitual y permanente de la población residente.

Fuente.- El Economista