El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley de vivienda, y solicitará su tramitación parlamentaria por el trámite de urgencia, lo cual acorta los plazos a mitad. 

El texto es sustancialmente el mismo que en la primeria lectura, pero tras el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial se introdujeron nuevos cambios. Se refieren sobre todo la cuestiones para clarificar la razón de por qué el Estado tiene competencias para legislar en esta materia. Pues la crítica de los jueces se basaba en que el texto invadía competencias autonómicas. En base, la propuesta del texto es controlar los precios de los alquileres, diferenciando entre grandes empresas propietarias de viviendas (más de 10) y el resto de los caseros. Los primeros, deberán ceñirse a unos baremos de renta determinados por una estadística pública que está todavía por construirse, y para los caseros particulares habrá bonificaciones fiscales, que podrán llegar hasta el 90% de rebajar la renta por lo menos un 5%. También se establece una prórroga obligatoria del contrato en iguales condiciones con un tope de tres años, eso sí actualizado por el IPC.  Pero, todas estas medidas están condicionadas a las áreas de mercado tensionado. Donde se considera que los precios subieron más de lo razonable, y al ser competencia autonómica deberán ser las comunidades las que decidan iniciar el procedimiento. 

Fuera del parlamento, la norma no es bien acogida, los principales portales inmobiliarios mostraron su rechazo a una ley que Fotocasa califica de "intervencionista", que para Idealista "Genera incertidumbre en el  mercado", y para Asval, una asociación que reúne a particulares y algunas de las mayores empresas arrendadoras de España, considera que "la discriminación entre grandes y pequeños propietarios limita el derecho de propiedad en función del número de inmuebles".

Fuente | El País