El Gobierno se dispone a extender las medidas especiales que aprobó el pasado marzo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre la vivienda. Según fuentes del Ejecutivo, este martes el Consejo de Ministros debatirá una prórroga para que esas medidas, que inicialmente se aplican hasta el 30 de septiembre, se prolonguen hasta el próximo 31 de enero. 

Así, durante cuatro meses más se mantendrán, al menos, las restricciones para desahuciar a inquilinos y la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que expiren en ese tiempo. También la obligatoriedad de los grandes propietarios (los que tienen más de 10 viviendas) de aceptar quitas de un 50% de las rentas o acordar con los inquilinos un aplazamiento de las mismas. Lo que aun se desconoce es si esta prórroga afectará a otras medidas acordadas en marzo como la línea de avales a inquilinos, las ayudas directas al alquiler o la moratoria hipotecaria.

En todos los casos, el requisito previo es justificar que existe una situación de vulnerabilidad social a causa de la pandemia de covid-19, es decir, estar en una situación de desempleo total o parcial (ERTE) tras el inicio de la alarma sanitaria en España o acreditar, en el caso de empresarios o autónomos, una caída de los ingresos o la facturación del 40%, de forma que cualquiera de estas situaciones provoque que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM (lo que equivale a 1.613,52 euros al mes).

Fonte | El País