Francia, como España, vive un grave problema de vivienda en las zonas turísticas porque los precios están creciendo mucho. A raíz de esta situación, el Senado francés aprobó esta semana una dura ley que le da poder a los alcaldes para prohibir el alquiler vía Airbnb o similares por un período superior a los 120 días al año (unos cuatro meses).

Adicionalmente, se reduce la ventaja fiscal que tenían los alquileres vacacionales, que permitía tributar como ingresos con una reducción fiscal, mientras que los del alquiler tradicional tributaban como ingreso al 100%. Hasta este momento, los ingresos que obtenían los propietarios de estas viviendas tenían una reducción del 70 o 50% en su tributación. A partir de ahora, sólo podrán reducir la tributación fiscal en un 30%. Además, las viviendas vacacionales deberán cumplir una clasificación energética D o superior, aunque dispondrán de una década para alcanzar esta meta. 

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