Encontrar una vivienda de este tipo es una misión casi imposible a la vista de los datos de construcción de estos inmuebles durante los últimos años: de las más de 31.000 viviendas levantadas en la comunidad gallega en el periodo 2011-2019, apenas el 10% -en concreto, 3.023- tenían la calificación de protegidas. Este déficit se ha agravado con el aumento de las familias que necesitan este tipo de inmuebles debido a la crisis económica provocada por el estallido de la pandemia. En un análisis del mercado de la vivienda en Galicia, la patronal inmobiliaria pone cifras a las necesidades de pisos de protección en la actualidad en la comunidad: al menos 5.000 inmuebles en régimen de arrendamiento, ya que la mayoría de los demandantes no pueden afrontar el desembolso que requiere una compra.

Las áreas de A Coruña y Vigo son las que arrastran una mayor demanda de este tipo de inmuebles y para atender las necesidades de ambas zonas hacen falta al menos 1.200 viviendas protegidas para la ciudad coruñesa y su entorno y 2.000 para Vigo y los ayuntamientos limítrofes. El volumen en las otras cinco ciudades gallegas y sus áreas de influencia se queda muy por debajo de estas cifras: 500 para la zona de Santiago; 400 para Lugo, así como para Pontevedra; 300 para Ourense y 200 para Ferrol, según el análisis realizado por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

El sector urge una nueva ley estatal de vivienda que impulse nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como derecho de superficie, la cesión de uso o el cohousing (cooperativa de vivienda pensada para personas mayores que quieren vivir de forma independiente pero con servicios comunes).

Otra línea que debe revisarse, apuntan, es la gestión del parque de viviendas vacías, con un marco legal que defina este tipo de inmuebles y al gran tenedor y así habilitar herramientas para que comunidades y ayuntamientos puedan detectarlas y movilizarlas con fines sociales.

Fonte | La Opinión Coruña