La consejera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mantuvo una reunión con representantes de asociaciones vecinales de Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol con el objetivo de conocer de primera mano su opinión sobre la ocupación ilegal de viviendas y trasladarles la postura de la Xunta a este respecto, así como su apoyo para buscar posibles soluciones.

El principal inconveniente es que las competencias autonómicas en la materia son muy limitadas y ya no es un problema solo de orden pública y social, sino que también es de seguridad jurídica por la indefensión que supone para os legítimos dueños de estos inmuebles.

No obstante, resulta necesario que todas las administraciones públicas tomen conciencia de la necesidad de dar un paso adelante para atajar un problema que en los últimos meses se agudizó en el conjunto del país y colaboren en la búsqueda de una solución que pasa por impulsar las reformas legislativas necesarias por parte del Estado.

Por último, el Goberno gallego, para facilitar el acceso a la vivienda a aquellos colectivos que más lo necesitan, sobre todo en los últimos meses, durante los que muchos gallegos se vieron prejudicados a nivel económico por la pandemia de la Covid-19, movilizará diferentes tipos de ayudas por un importe total de 20 millones de euros que permitirán aliviar la situación de miles de familias a la hora de pagar el alquiler y que podrían aliviar a su vez el problema de la ocupación ilegal de inmuebles. 

Fonte | IGVS