Galicia no es ajena al fenómeno okupa, que en el conjunto de España se ha disparado casi un 50% en los últimos cuatro años y que durante 2019 se superaron los 14.000 pisos o casas asaltadas en el conjunto del país, según datos del Ministerio del Interior. En los meses de verano, las irrupciones en viviendas de la comunidad han aumentado pese a la presión de partidos políticos y del sector inmobiliario por una reforma legislativa que dé seguridad jurídica a los propietarios y despeje las dudas ante los casos que se planteen. Frente a las 400 viviendas okupadas que había en Galicia hasta el pasado mes de junio, en la actualidad la cifra se aproxima a las 500, más de un 20% en solo tres meses, según estimaciones de la patronal inmobiliaria gallega. Lo que supone una media de dos ocupaciones ilegales cada día.

Con el objetivo de atajar la creciente alarma causada por la ocupación de inmuebles en toda España, la fiscal general del Estado anunció medidas a corto plazo: protocolos e instrucciones para abordar el tema de las ocupaciones ilegales por parte de los fiscales. Así, una vez la Fiscalía General emita la instrucción sobre el fenómeno okupa, se operará en aras de la unidad de actuación desde la Fiscalía Superior de Galicia.

En la actualidad, la Policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada, siempre que lo haga en las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esos dos días, se necesita una orden judicial, y entonces, todo entra en un complicado proceso que puede tardar años. De ahí que los okupas traten de probar que llevan allí más de dos días.

Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), reclaman una reforma de la ley que permita recuperar un inmueble ocupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual.

Fonte | La Opinión Coruña