En el primer trimestre de 2023 se registran un total de 6.579 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, con la nueva ley de la vivienda se aumentó progresivamente el límite del precio del alquiler y se rebajaron los requisitos para que los distintos gobiernos regionales y locales declaren una zona como tensionada.

El problema se encuentra en el tema de los desahucios, donde la nueva ley se limitó a decir que "se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores". Además, suma que habrá "nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años", los cuales serán de acceso obligatorio para las personas vulnerables. De esta forma se dan moratorias, se amplía el proceso de desahucio o se suspende el proceso temporalmente en el caso de conseguir un informe de vulnerabilidad, pero no se soluciona el problema.

Por otro lado se encuentran los desahucios invisibles que suceden cuando un casero no renueva el contrato, sube mucho el alquiler o amenazan a sus inquilinos, quienes acaban abandonando la vivienda. Es un tipo de desahucio que no se registra judicialmente, pero socialmente sí.

Fuente.- el Diario