Asociaciones como Seopan y Anci, en coordinación con la patronal CNC, están haciendo llegar al Ministerio de Transportes un esbozo con medidas con las que mitigar los riesgos de ejecución para las constructoras y para los proyectos, y reforzar la seguridad de los contratos. La principal demanda que se realiza es la recuperación de la revisión automática de precios de la cesta de materiales básicos de obra, y la entrada en ella del coste energético y laboral, la cual fue incorporada en la contratación pública en 1965 para paliar la volatilidad de las materias primas, y se retiró en 2017. 

Pero al margen de esta medida, el sector de la construcción intenta que se contemplen otras como los anticipos financieros en los contratos de obra pública, con los que las contratistas que lo precisen podrían cubrir los costes iniciales de los proyectos y obtener flujos de caja en un momento de tipos altos de financiación. Entre los cambios sugeridos por las asociaciones también destaca un alza del porcentaje de gastos generales o de estructura reconocidos en los contratos. En este caso, pesa un incremento de costes que no son absorbidos por los presupuestos de los proyectos, ya sea por regulaciones en prevención de riesgos, sostenibilidad y reciclaje, certificaciones, formación del personal o el uso de nuevas tecnologías y materiales. Otra reclamación a las Administraciones es la urgente actualización de los proyectos en cartera.

Fuente.- El Pais