La normativa que entró en vigor en 2023 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que se introducirá de forma gradual con la intención de que los propietarios reformen hasta un total de 37 millones de viviendas hasta 2050, según los expertos va a provocar un descenso en la oferta de pisos en alquiler. 

Las nuevas normas, por ahora propias de Europa, suponen un problema para las viviendas históricas, puesto que fueron construidas muy previamente a las regulaciones sobre medio ambiente en la construcción, y que son la mayoría en lugares como París, Alsacia o Provenza. Con el problema de stock de inmuebles afectando al mercado inmobiliario, los más críticos consideran que estas medidas podrían empeorar la situación, lo que incrementaría el malestar social en los hogares.

Para incentivar que se produzcan las renovaciones, las viviendas son clasificadas de la A a la G, según su eficiencia energética, siempre antes de ser vendidas o alquiladas. Aquellas que cuenten con las peores calificaciones irán desapareciendo del mercado del alquiler de manera gradual a lo largo de la próxima década. Los diferentes gobiernos facilitarán parte del dinero público a los propietarios con el fin de realizar las reformas necesarias.

Se prevé que para 2028 cerca de 5,2 millones de inmuebles clasificados como F o como G, las peores calificaciones, dejarán de ser opciones para alquiler, lo que supone un 17% del total de inmuebles en stock. En 2034 ocurrirá lo mismo con aquellas que dispongan de una nota E en la clasificación, lo que ampliaría el número hasta el 40% de las viviendas en el mercado.

Fuente.- Idealista