Los ayuntamientos de A Coruña, en octubre, y Santiago, en esta última semana, mostraron su voluntad por ser declaradas zonas tensionadas y, amparándose en la medida de la nueva Ley de Vivienda sobre zonas tensionadas, hacer que se apliquen limitaciones a los precios de los alquileres con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Por otro lado, el ayuntamiento de Vigo rechaza esta situación, y opta por centrar sus esfuerzos en vivienda social y controlar los pisos turísticos a través del Plan General de Ordenación Municipal. 

La alcaldesa de A Coruña justifica la petición amparándose, entre otros motivos, en la cifra de demandantes de vivienda pública en la ciudad, 2.305 en octubre cuando se realizó la petición, siendo en la actualidad 2.477, según los datos publicados por el IGVS a través del Registro Único de Demandantes de Galicia. Por otro lado, en la ciudad de Santiago, el registro de demandantes indica que actualmente son 980 las peticiones de vivienda pública, y en Vigo, donde no se realizó la demanda, las peticiones en el Registro ascienden a 7.039, casi el triple que en la Coruña. 

El aumento de los precios de alquiler en los últimos años se sitúa cómo una de las claves para declarar una zona como tensionada. En este caso, según Idealista, en el ayuntamiento de A Coruña entre 2015 y 2023 el incremento en los precios fue del 65,7%, pasando de 6 €/m2 a 9,4 €/m2. En Santiago el crecimiento fue del 64,8%, pasando de 5,4 €/m2 en 2015 a 8,9€/m2 en 2023. Por último, en Vigo el crecimiento fue del 36%, pasando de 6,8 €/m2 en 2015 a 9,4€/m2 en este último año.

Fuente.- Faro de Vigo